Prohibición de Uber Moto y 99 en São Paulo: Un retroceso en el cumplimiento de obligaciones medioambientales y en la promoción de los derechos humanos.

Una reciente decisión de la alcaldía de São Paulo prohibió el funcionamiento de servicios como Uber Moto y 99 Moto debido a una supuesta falta de regulación de la actividad y a preocupaciones sobre la seguridad y la salud de los ciudadanos en el tráfico urbano. Tras esta decisión, ambas empresas confirmaron la suspensión de su servicio para colaborar con la alcaldía en la búsqueda de alternativas eficientes e innovadoras.

Es esencial destacar que existe una ley federal que permite el transporte privado de pasajeros por aplicaciones, la cual no especifica las modalidades, estableciendo un marco legal que deben respetar las autoridades municipales. Además, la competencia para regular este aspecto recae en la Unión, no en los municipios, lo que cuestiona la validez legal de la prohibición impuesta.

Esta medida genera serias preocupaciones en torno a los derechos humanos y la movilidad urbana, ya que limita el acceso a un medio de transporte crucial para muchas personas. Restringir operaciones como Uber Moto y 99 Moto viola el derecho a la movilidad, afectando especialmente a las personas de menores recursos, dado que estas modalidades de viaje suelen ser significativamente más económicas que el uso de automóviles.

Otro aspecto relevante es la situación ambiental en São Paulo. El municipio ha asumido importantes compromisos a través del PlanClima SP, enfocado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La prohibición de servicios de movilidad que favorecen la sostenibilidad urbana contradice los esfuerzos por alcanzar metas claras, como la reducción de emisiones en un 20% para 2030 y la consecución de emisiones netas cero para 2050.

La movilidad urbana es fundamental para promover la igualdad y la inclusión en las ciudades. Las motocicletas representan alternativas económicas y eficientes en contextos de congestión vehicular. Limitar el uso de Uber Moto y 99 Moto genera una discriminación indirecta hacia las poblaciones más vulnerables, restringiendo su acceso a oportunidades laborales, educativas y recreativas.

Además, el cambio climático ha sido reconocido como una cuestión de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana. La prohibición de estos servicios de transporte infringe derechos fundamentales y limita las opciones de movilidad sostenible necesarias para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Si bien las motocicletas tienen emisiones de carbono significativamente menores que los automóviles, es prudente considerar opciones aún más sostenibles que podrían ser exploradas por las empresas de transporte por aplicación, como las bicicletas eléctricas. Este tipo de transporte diversificaría la oferta de movilidad y representaría un primer paso hacia la incorporación de alternativas más sostenibles, alineándose con los compromisos medioambientales y brindando respuestas adecuadas ante las restricciones vigentes.

En conclusión, la restricción del acceso a Uber Moto y 99 Moto trasciende un simple asunto de regulación; representa un desafío a los derechos de las personas y a nuestra responsabilidad colectiva con el medio ambiente y la justicia social. Es imperativo reevaluar esta decisión en consonancia con los principios de derechos humanos y sostenibilidad.